Resumen: Anula la Sala Tercera del TS el art. 4.1.a) del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. Y ello por cuanto que el cambio de redacción de dicho precepto desde el primer borrador al texto definitivo fue sustancial en lo referido a los porcentajes de distribución entre los grupos de acreedores en relación con los fonogramas. El cambio de criterio se hizo sin contar con el parecer del Consejo de Consumidores y Usuarios y, muy especialmente, sin recabar el parecer de la Sección Primera de la Comisión Propiedad Intelectual, a pesar de ser preceptivo el informe de este último órgano. Es por ello que se ignora qué habrían informado tales instancias, así como el resto de los que concurrieron a los trámites de consulta, alegaciones e informes, así como los Ministerios que emitieron informes a la primera de las versiones. Concurre así motivo de nulidad de pleno derecho por infracción de las reglas procedimentales.
Resumen: Tras reconocer el TS que es el competente para conocer de la impugnación de estas disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE (el Estado no sustituye a la Comunidad Autónoma sino que ejercita sus propias potestades que le asigna el Acuerdo del Senado), examina el debate referido a si es admisible la imposición de objetivos (valorización de los envases en función del material del envasado) que exceden de los fijados por la normativa estatal y que se traduce en una responsabilidad ampliada del productor del producto, para declarar que cuando el legislador básico está imponiendo la condición de que esta responsabilidad ampliada debe aprobarse por el Gobierno del Estado, está sustrayendo de la disponibilidad de las CC.AA. la posibilidad de imponer responsabilidad ampliada para su territorio, pues conforme a esa delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a esta responsabilidad ampliada, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección, que es lo que prevé el art. 6.3º.5ª e) y f) que se declara nulo.
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Anulación por sentencia del TS de la Orden de 15/12/2009 y restablecimiento de la Orden de 05/06/2001 que declaraba la exención del impuesto. Revocación del artículo 219 de la Ley General Tributaria. Cuestiones semejantes a las planteadas en los RRCA 126/2019 y 442/2019.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la motivación que resulta exigible para justificar una denegación de la nacionalidad española por residencia fundada en razones de orden público o interés nacional cuando la misma se desprende de datos o informes considerados confidenciales por razones de seguridad nacional. Considera la Sección que concurre la presunción prevista en el art, 88.3.a) LJCA a fin de precisar el criterio ya fijado en la STS de 19 de junio de 1999 en la que se expresaba que el reconocimiento de la nacionalidad española por residencia no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos, salvo que por fundadas razones de orden público o interés nacional proceda denegarla, para lo cual la Administración ha de expresar los hechos en los que se basa la denegación a fin de que la Jurisdicción pueda comprobar si efectivamente aquéllos afectan al orden público o al interés nacional. Añade la Sala que, habida cuenta del tiempo transcurrido desde aquella sentencia, y vistas las particularidades del caso derivadas de la incorporación al orden público o interés nacional del concepto de seguridad nacional que tiene carácter confidencial y cuyo conocimiento general pueda dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o comprometer la seguridad nacional, procede reexaminar nuevamente la cuestión.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo deducido contra resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 1 de febrero de 2018 -BOE de 6 de febrero-, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación efectuada por resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas 23 de octubre de 2017, respecto del puesto de trabajo de Subdirector Técnico, Nivel 30. El recurrente considera que quién resultó nombrado no acreditó la necesaria experiencia o merecimiento alguno en el ámbito de la Auditoría y Contabilidad Pública, que la decisión recurrida incurrió en desviación de poder, con omisión del debido informe propuesta de adjudicación el tratamiento específico de los requisitos que concurrían en otros candidatos La Sala desestima la demanda, no ha pérdida sobrevenida de objeto, reiterando su doctrina, respecto a la provisión de plazas funcionariales mediante libre designación, que la Administración goza de un amplio margen de decisión en el que, desde luego, juega la discrecionalidad técnica, la cual debe ser respetada al someterla al control jurisdiccional, y concluye que la resolución de adjudicación, y por remisión de la misma, el informe propuesta del Consejero titular del Departamento 5º se ajustó plenamente a estos requisitos y no puede calificarse de arbitrario ni que haya incurrido en desviación de poder.
Resumen: Tras desestimarse las alegaciones relativas a defectos de procedimiento en el ejercicio de la potestad reglamentaria vinculados a la interdicción de la arbitrariedad y a la motivación de dicho ejercicio y que han de considerarse en el marco de la discrecionalidad administrativa que caracteriza a este potestad, se desestima el fondo del recurso por cuanto la situación en que se encontraba la almadraba de Sancti-Petri en el momento de la elaboración de la norma (licencia suspendida) no se correspondía con las que eran objeto de regulación, pues la falta total de actividad pesquera impedía tomarla en consideración a los fines perseguidos por la norma: la determinación del correspondiente censo específico, delimitando los grupos correspondientes, a efectos de la adecuada y equitativa asignación de posibilidades de pesca. Y sin que se vulnere el principio de confianza legítima pues la inclusión en la regulación establecida en el Real Decreto impugnado estaba condicionada a que se produzca el alzamiento de la suspensión de la autorización y, una vez que ello suceda, su inclusión en el censo específico habrá de producirse en las mismas condiciones que las demás, que viene determinada, fundamentalmente, por las capturas históricamente obtenidas, que en el caso de la recurrente no llegaron a producirse.
Resumen: Destitución de funcionarios públicos de puestos de libre designación. Necesidad de motivación de la resolución concerniente a la falta de concurrencia de las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada en su días para el puesto. Se reiteran las consideraciones que ya se declaró en las sentencias de 19 de septiembre y 15 de noviembre 2019.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso al acoger la última impugnación. La recurrente denuncia que el art. 5.1.f), párrafo segundo del RD recurrido, sobre transmisión de posibilidades, introduce una excepción en favor de las grandes empresas discriminando a los más pequeños, con infracción del art. 14 CE. Pues bien, la Sala considera que la introducción de dicha excepción en el art. 5.1.f), párrafo segundo, del Real Decreto, estableciendo que "solo en el caso de buques pertenecientes a una misma empresa armadora se podrá proceder a la transmisión de posibilidades de forma definitiva de uno a otro grupo del artículo 3.1, conforme a lo estipulado en el artículo 28.2 de la ley, aunque los buques o almadrabas implicados no estén el mismo grupo del censo", supone incorporar reglamentariamente una disposición contraria al mandato establecido en la Ley que le sirve de cobertura y al propio fundamento de la limitación impuesta por el referido art. 28.1.c), incorporación que no puede sustentarse en la previsión del mismo art. 28 en su apartado 2, que si bien se refiere a la transmisión entre buques de la misma empresa armadora, previene que para ello ha de partirse del "previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1" y, por tanto, de la limitación establecida en la letra c), plenamente reconocida por la Administración que ejercita la potestad reglamentaria. Y dicha excepción vulnera el principio de jerarquía normativa, incurriendo en nulidad absoluta.
Resumen: Se impugna el Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, cuestionando el ejercicio de la potestad reglamentaria y lo relativo a la distribución de cuotas o posibilidades de pesca, al entender que no se ha ajustado a las previsiones legales en la distribución de las cuotas de pesca, tanto por discriminación de la flota canaria con respecto al 87,1501% asignado a las cinco "flotas clásicas", como por el criterio seguido dentro del 11,6995% correspondiente a las flotas f), g) y h) en cuanto no se toman en consideración criterios medioambientales y el carácter artesanal de la flota canaria. El TS concluye que La distribución de los grupos del censo específico efectuada en el art. 3 y la no inclusión entre las denominadas "flotas clásicas" de la flota canaria (buques cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero Canario), no responde a un criterio discriminatorio sino que es consecuencia de la situación de dicha flota, derivada de la evolución de su actividad pesquera. Por lo tanto, no resulta contrario a la normativa aplicable la consideración para la determinación de las capturas históricas de periodos de tiempo distintos, en cuanto ha de atenderse a las circunstancias de cada flota, y así se refleja, respecto de la flota canaria.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia -estimatoria parcial del recurso formulado por una mercantil titular de una finca afectada por la declaración de LIC y posteriormente ZEC- que, si bien declaró la legalidad del Decreto 1/15, de 13 de enero, de declaración de ZEC de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y de la Orden de 17-3-15, de aprobación de Planes de Gestión de determinadas ZEC, impuso a la Junta de Andalucía la obligación de iniciar los trámites para elevar propuesta de modificación -de parte-del LIC Acebuchales. Da respuesta a la cuestión fijada en el auto de admisión, fijando como doctrina de la Sala, para un supuesto concreto como el de autos, que si procede al impugnarse la declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC), ordenar judicialmente a la Comunidad Autónoma a elevar propuesta de modificación de Lugar de Interés Comunitario (LIC) a la Comisión Europea. En esencia, razona la no extralimitación del carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa y respeto a la discrecionalidad técnica de la Administración y rechaza las infracciones del art. 52 de la LPNB -pues no se estaba en presencia de ese supuesto- y de los arts. 4 y 5 del RD 1997/95, de 7 de diciembre, recogiendo como argumento principal que la posibilidad de modificación de la delimitación de una LIC ha sido aceptada por el TJUE -STJUE de 19-10-17 (C-281/16)- siendo innecesario plantear cuestión prejudicial.
